La crisis del ladrillo deja al descubierto a los falsos promotores

El bum del ladrillo en España provocó el enriquecimiento de muchos empresarios que vieron en el frenesí constructor el parnaso. Se introdujeron en un mundo sin ley donde primero recibían el dinero y luego tramitaban licencias. Quien quisiera comprar un piso debía ajustarse a las normas y éstas las dictaba el promotor. La crisis ha golpeado la estrategia especulativa de muchos de ellos, que han caído incluso en estafas, vendiendo terrenos de los que todavía no eran propietarios o careciendo de licencia de obras. Los estafados son las víctimas de una crisis que no se lleva el patrimonio de los empresarios, resguardado como el del presidente de Martinsa Fadesa, Fernando Martín, que en un año se embolsó más de lo que pagaba su firma en sueldos. Él seguirá siendo rico mientras los obreros o quienes adquirieron una vivienda se desvelan.

El mercado del ladrillo sedujo a Juan Iglesias, quien al frente de Seiseme protagoniza uno de los casos más dramáticos de Galicia. Acumula cincuenta denuncias en los juzgados gallegos y está desaparecido. No contesta al móvil y sus víctimas están desquiciadas. Paloma y su marido compraron un chalé en Rois por 122.000 euros en septiembre del año pasado, pero no se ha puesto ni un ladrillo en la finca. Lo mismo sucede en otras dos fincas de la parroquia. Ella anuló el contrato, pero antes tuvo que suscribir un crédito puente de 30.000 euros, al igual que el resto de afectados, que podrían alcanzar los 300 en promociones en Sarriá, Pontevedra, Vigo, Rianxo, Boiro u Ourense.

Con Rólex y Lamborghini

El contrato, que más tarde rescindió, establecía que Seiseme, inmobiliaria con sede en Catoira, se haría cargo de los pagos de ese crédito puente, suscrito con La Caixa, pero desde febrero es Paloma quien paga 200 euros mensuales de intereses. Luego tendrá que devolver los 30.000. "É como se tirase os cartos pola fiestra. Nós estamos así e el segue por aí co seu rólex de ouro e o Lamborghini. Pídolle á Xustiza que faga algo", clama.

Modesto también se fió de Juan Iglesias y se lanzó a comprar una casa en una urbanización de A Cabeanca, cerca de Ourense. Entregó una señal de 3.000 y luego firmó otro crédito puente de 25.000. En total entregó 28.000, aunque algunos afectados alcanzan la cifra de 60.000. La mayor parte de ellos se ha integrado en una asociación y han interpuesto una querella criminal por estafa contra Juan Iglesias.

Tras dos años de espera, Modesto se enteró de que parte de la finca no pertenecía al promotor y no se ha levantado ni un ladrillo. "Pero él sigue con la oficina abierta y recaudando", lamenta.

No ha pedido licencia

En el caso de Paloma también existen irregularidades, pues en una respuesta del Ayuntamiento se certifica que la empresa no ha solicitado licencia de obra para construir su chalé. "Tampoco se presentó aval bancario, cuando lo obliga la ley, y el dinero se pasó a la contabilidad de la empresa, cuando legalmente debe ir destinado a una cuenta aparte", dice Modesto.

Creen que no recuperarán su dinero y varias proveedoras están a punto de cerrar. Son las víctimas del ladrillo.

VENDÍA PISOS FANTASMA

El timo del sobrino del alcalde

En el juzgado de Ponteareas entró esta semana esposado José Manuel Grandal, sobrino del alcalde de Salvaterra de Miño, y acusado de otra estafa inmobiliaria. Denuncian que vendía pisos que no eran de su propiedad o incluso no existían aprovechándose del barniz de confianza que le otorgaba su vinculación familiar con el regidor. Se encuentra en prisión sin fianza acusado de un delito de estafa, a pesar de que sus familiares insisten en su inocencia. El fraude podría superar el millón de euros y afectar a propiedades en Salvaterra y O Morrazo.

Más conocido como Josiño, el presunto estafador podría haber timado ya a cien personas en toda España. A 13 de ellos les esquilmó alrededor de 250.000 euros, el diez por ciento del valor de las viviendas que habían reservado y que nunca disfrutarán.

Cuando todo se destapó, Josiño desapareció del mapa y fue arrestado en un lujoso hotel de San Sebastián. No actuaba solo, pues José Carlos Barros Romero, O Carpinteiro, y Diana Patricia López Carmona, su pareja sentimental, servían de enlace y gancho para vender propiedades sobre las que no tenían ningún derecho. Ambos están desaparecidos .

LOS DATOS

1El crac de Marbar y el embargo de 300 pisos

A comienzos de año las comarcas de O Baixo Miño y A Cañiza despertaron perplejas y temerosas. La incipiente crisis que sacudía el ladrillo provocó la quiebra de la constructora Marbar, que despidió a sus 56 empleados y dejó deudas a multitud de proveedores y subcontratistas. Uno de los graves problemas que dejó fue el de 300 personas que habían comprado un piso y ya habían adelantado una cantidad para el mismo, que en algún caso alcanzaba los 60.000 euros. Las propiedades estaban embargadas por varios bancos debido a las deudas del propietario de Marbar, con sede en Tomiño, Manuel Martínez, desaparecido desde entonces. Tanto los empleados como los proveedores montaron guardia frente a las instalaciones de la empresa para evitar que desapareciese maquinaria o material.

2Psicosis ante la supuesta huida a Brasil

En el mes de mayo la psicosis se apoderó de los empleados de Carreira y Martínez, firma compostelana con 300 empleados en toda España, cuando el dueño de la misma, Juan Manuel Carreira, viajó a Brasil. Pensaban que se había fugado ahogado por las deudas derivadas de sus arriesgadas operaciones. Había ido al país americano para vender terrenos y obtener liquidez para hacer frente a los pagos. La empresa se desmanteló y en junio falleció Carreira. Más de sesenta empleados gallegos esperan juicio por despidos improcedentes.

3Los sobreprecios de Construcuatro

La vivienda pública no resultaba tan económica si quien la vendía era Construcuatro. La primera denuncia se tramitó a finales de 2006 por el cobro de sobreprecios por viviendas en San Paio de Navia de hasta 30.000 euros aparte del precio estipulado por la vivienda. Era dinero negro y las víctimas no recibían justificantes. Tras las dos primeras denuncias se unieron otras 22 que se sentían estafados por la constructora, de la que era socio el dirigente popular Telmo Martín. El asunto está en los tribunales .

Fuente: ElcorreoGallego