Les prometieron dinero fácil y rápido y ahora forman parte de un nuevo colectivo de estafados. Sus casos afluyen a los juzgados donde han proliferado en los últimos años las demandas contra intermediarios financieros y prestamistas sin escrúpulos que arruinan a sus víctimas con intereses abusivos o de auténtica usura. El Gobierno prepara un proyecto de ley que regule este tipo de actividades e introduzca mayores controles y requisitos, mientras surgen las primeras asociaciones de afectados por unas prácticas situadas al borde del delito.
Lo dieron este sábado en Informe Semanal: Veanlo
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